Desde prácticamente
todos los ámbitos sindicales y democráticos se advirtió, con la máxima alarma,
que la “reforma” laboral del Partido Popular representaba seguramente el más
feroz ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que
se conoce, desde al menos, la llamada transición democrática.
Se agudizaba
severamente la ya de por sí desigualdad entre las partes en la relación de
trabajo, se promovían potestades inauditas para que los patronos pudieran modificar
las condiciones de trabajo en aspectos centrales de la relación laboral
–jornadas, salarios…- se socavaba el poder de negociación de los trabajadores
en los convenios colectivos, se legalizaba el contrato temporal sin causa, se
abarató el despido individual, disciplinario y el objetivo; éste último se
habilitaba por la simple razón de que descendían los beneficios o incluso de
que el trabajador estuviera enfermo, se congelan y reducen los salarios, se
paraliza la negociación colectiva…
En este contexto, los
trabajadores, amenazados por despidos baratos y fáciles van siendo inducidos a
la renuncia en el ejercicio del conjunto de sus derechos.
Las consecuencias de
la “reforma” fueron inmediatas: se multiplicaron los despidos, creció hasta
niveles de catástrofe el desempleo y, los ocupados, con la soga al cuello, están siendo
objeto de una explotación que no se sufría desde los tiempos del franquismo.
De manera paralela y
complementaria a la “reforma” laboral se desencadenó una tempestad de medidas
de desmantelamiento, o de duras limitaciones, en el conjunto de derechos y
obligaciones que impone el Estado Social y de Derecho, que conforman en general
salario indirecto y lesionan las condiciones de existencia en su conjunto: se
recortan las prestaciones por desempleo, las de jubilación; se retrocede
gravemente en la generalidad de los medios de protección social; se
amputan los recursos para la educación y
la sanidad, se introduce, en tendencia creciente el copago; se acentúa la
fiscalidad regresiva…
En estos días se
orienta preferentemente la agresividad antisocial contra los trabajadores
públicos, a los que se amenaza de cerca con despidos colectivos en masa y ante
los cuales se han limitado, hasta casi anularlas, las posibilidades de defensa.
Nos provoca singular
rechazo el golpe dado a la gratuidad de la tutela judicial en el orden laboral,
la cual se inicia derogando de hecho el derecho al recurso de trabajadores con
limitadas disponibilidades económicas, que son los más.
No se trataba de una reforma, ni siquiera de reformas, se
trata en realidad de un cambio radical y regresivo en las formas de dominación
del capital sobre el trabajo y sobre el conjunto de la sociedad.
Apoyamos las
anteriores movilizaciones convocadas por los sindicatos y, en buena medida,
participamos activamente en ellas. El curso de las cosas nos ha dado la razón.
Nuevamente nos
adherimos a esta huelga general y con mayor motivo si cabe. Una huelga que,
quizás, como en ninguna otra antes, ha alcanzado un alto nivel de cobertura y
adhesión social.
En esta ocasión, además, nos adherimos con una
petición específica que formulamos ante la jurisdicción social: apurar al límite la aplicación restrictiva
de las normas habilitantes para el despido.
El ordenamiento obliga a interpretar y aplicar las normas
conforme a la realidad social. El despido, en un país que rompe todos los
máximos históricos en nivel de desempleo, afecta a un derecho que,
principalmente por eso, ha cambiado de entidad. El daño que causa es, ahora y
en nuestra realidad social, cien veces mayor que hace apenas unos años. Ya no
se trata de pasar de trabajador ocupado a trabajador en paro. Ahora el riesgo
más cercano es ser desplazado a los infiernos de la exclusión social; ahora es
cien veces más difícil que el despedido pueda volver a ejercer su derecho al
trabajo.
No hay que esperar a
reformas legales que, huelga decir, son necesarias y urgentes, no sirve esta
excusa. La aplicación restrictiva de las facilidades del despido es una
responsabilidad que tiene que asumir hasta sus límites –insistimos- la
jurisdicción social. No solo tiene cobertura legal, sino que se deduce del
propio ordenamiento: no hay acercamiento del derecho a la justicia material si
ésta depende de una normativa que se interpreta y aplica al margen de la
realidad social, máxime, cuando esa realidad social y la protección del trabajo
es, clamorosamente una cuestión de emergencia social.
Firmantes:
Abogados Laboralistas de Las Palmas: Joaquin
Sagaseta. Isabel Lecuona. Miguel Angel Redondo. Domingo Tarajano. Diego Leon.
Amelia Serrano. Jose R. Perez Melendez. Hector Valdivia. Carmen Castellano.
Javier Armas. Mohamed El Hajoui. Gustavo Tarajano. Mª Aranzasu Trujillo.
Margarita Etala. Alejandro Perez. Simon Concepción. Manuel Dominguez del Rio.
Federico Leon Vietez. Mª Dolores del
Rio, Mirla Aldeguer Martín, Lourdes Ortega Quintana, Tita Ortega Quintana,
Simón Concepción, Rubén Alemán, José Juan Mendoza, Elsa Toledo Medina, Ricardo
Navarro, Ramón Cabana Hernández, Juan Carlos García Murciano, Mario García
Suárez, Susana Miras Miguel, Arcadio Morales, Francisco José García Sánchez,
Francisco Álamo Arce, Carlos Santana.
Abogados Laboralistas de Tenerife: Ángel
Delgado Martín, José Ignacio Cestau Benito, Miguel Ángel Díaz Palarea, Laura
Padilla Suárez, Fernando Martínez-Barona Flores, Marta Rodríguez Martín, Rosa
Mª Dias Hernández, Raquel Plasencia Mendoza, Josefina Médez Pérez, María del
Cristo Báez Martín, Francisco Javier Alonso Pérez, Nuria Esther Cruz Fuentes,
Raquel Bacallado Adán, María del Pilar Rodríguez Rodríguez, Juana María
Hernández García, Elisa González Sosa, , Victor Manuel Díaz Domínguez, Ana
Guardiet de Vera, José Alberto Díaz Domínguez, Juliet Plasencia Allright,
Francisco Rodríguez Casimiro, Pedro Fuentes Barba, Clodoaldo R. Corbella Ramos,
Israel David Negrón Almenara, Esteban García Bacallado, Juan E. Rodríguez
Delgado, Cristina Edodey Coleto, Olivia Concepción Hernández, Carlos Berástegui
Afonso.
Nota: Se irán actualizando en los días
sucesivos las nuevas adhesiones de abogados laboralistas.
