martes, 14 de abril de 2015

NO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIONES ENTRE EE.UU Y LA UNIÓN EUROPEA

¡NO! AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIONES ENTRE EE.UU Y LA UNIÓN EUROPEA.  (TTIP)

El TTIP, es un  tratado de libre comercio e inversiones, que se está negociando en secreto, entre la U.E. y EE.UU.

El objetivo es que las negociaciones se lleven a cabo lo más rápidamente posible, con el fin de que los detalles del Tratado no lleguen a la opinión pública y la ciudadanía europea descubra la envergadura de la amenaza que supone el  TTIP.
Destacar que los europarlamentarios tienen acceso restringido a la documentación y no pueden conocer al detalle los documentos que se están negociando, especialmente las propuestas norteamericanas.
Como han admitido los propios funcionarios que negocian, la finalidad es eliminar las barreras protectoras que limitan los beneficios potenciales de las empresas multinacionales. Barreras que son en realidad  normativas protectoras de derechos sociales, medioambientales, laborales, de seguridad alimentaria, de privacidad en internet, e incluso las nuevas garantías que se han introducido en el ámbito bancario para prevenir crisis financieras como la que padecemos.

El TTIP pretende crear nuevos mercados, abriendo el sector de los servicios y la contratación pública a las empresas multinacionales, amenazando con privatizar totalmente sectores como la sanidad y la educación.


Pero hay dos aspectos del TTIP  que son de lo más preocupante, pues pretende conceder al capital multinacional un status equiparable al del  Estado Nación. El primero es el Consejo de Cooperación Reguladora, mediante el cual las empresas podrán revisar actuales o futuras  normas o  leyes laborales, medioambientales, de protección alimentaria, etc. para modificarlas a su favor.

 El segundo es que en caso de que los Estados legislen sin “consensuar” dichas leyes, se introduce la Disposición para la Resolución de Disputas, ( ISDS) por sus siglas en inglés, que implica que si un Estado legisla normas laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria o de protección de servicios públicos, en el mejor interés de cada nación, las empresas  podrán reclamar  indemnizaciones  a través de un sistema de justicia privado, fuera de control de los Estados, que generalmente sentencian siempre a favor de dichas empresas. El sesgo a favor del mundo de los negocios ha hecho que el propio diario The Economist, denuncie el arbitraje por ser excesivamente proempresarial y la ONU y el FMI han reconocido que introducir esta cláusula ISDS, limita seriamente la capacidad de los Estados para legislar en favor de la ciudadanía.

En contra del triunfalismo con que intenta convencernos la Comisión Europea, (vaticina una inyección de hasta 119.000 millones de euros, la creación de cientos de miles puestos de trabajo, y un aumento del 0,5% del PIB), el estudio de la  Tufts University de Massachusetts, (EE:UU), dibuja un panorama totalmente opuesto: la implantación del TTIP podría suponer la pérdida de hasta 600.000 empleos en Europa, además de una renuncia a la soberanía de los Estados en muchas áreas, inestabilidad económica y una caída del PIB.


Todo ello pone en peligro la facultad soberana de los Estados, anula la capacidad de los parlamentos para proteger a la ciudadanía y  convierte  la democracia en una mera caricatura.







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